La Ley dispone tambien las formulas necesarias para que esa valoracion sea posible, pues la defensa del Patrimonio Historico de un pueblo no debe realizarse exclusivamente a traves de normas que prohiban determinadas acciones o limiten ciertos usos, sino a partir de disposiciones que estimulen a su conservacion y, en consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su acrecentamiento.

Asi la Ley estipula un conjunto de medidas tributarias y fiscales y abre determinados cauces nuevos que colocan a España en un horizonte similar al que ahora se contempla en paises proximos al nuestro por su historia y su cultura y, en consecuencia, por su acervo patrimonial. De esa forma se impulsa una politica adecuada para gestionar con eficacia el Patrimonio Historico Español. Una politica que complemente la accion vigilante con el estimulo educativo, tecnico y financiero, en el convencimiento de que el Patrimonio Historico se acrecienta y se defiende mejor cuanto mas lo estiman las personas que conviven con el, pero tambien cuantas mas ayudas se establezcan para atenderlo, con las logicas contraprestaciones hacia la sociedad cuando son los poderes publicos quienes facilitan aquellas.

El Patrimonio Historico Español es una riqueza colectiva que contiene las expresiones mas dignas de aprecio en la aportacion historica de los españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos. Porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la Accion Social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando.

En consecuencia, y como objetivo ultimo, la Ley no busca sino el acceso a los bienes que constituyen nuestro Patrimonio Historico. Todas las medidas de proteccion y fomento que la Ley establece solo cobran sentido si, al final, conducen a que un numero cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un estado democratico estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que esta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos.

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